La filtración de información contenida en un sumario judicial —especialmente cuando afecta a personas que no son investigadas— constituye una vulneración grave de derechos fundamentales que, con frecuencia, pasa desapercibida precisamente porque la opinión pública se ha acostumbrado a ella. El caso Plus Ultra ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: determinados datos personales, como la agenda de un testigo o colaborador ajeno al núcleo de la investigación, acaban publicados en medios de comunicación antes de que el propio afectado haya podido ejercer ningún tipo de defensa.

Desde el punto de vista jurídico, el secreto del sumario existe para proteger tanto la integridad de la investigación como los derechos de quienes intervienen en ella, investigados o no. Su quiebra puede vulnerar el derecho a la intimidad del artículo 18 de la Constitución y el derecho al honor, con independencia del resultado del proceso. Y aquí reside el problema más profundo: si el procedimiento concluye sin condena —o sin que el afectado sea siquiera imputado— el daño reputacional y personal ya se ha producido y resulta prácticamente irreversible. La Ley de Protección de Datos y la normativa procesal ofrecen instrumentos, pero su eficacia real frente a filtraciones consumadas es limitada.

La responsabilidad puede ser penal, disciplinaria o civil, y puede recaer sobre funcionarios, abogados o medios de comunicación según las circunstancias. Determinar quién filtró, cómo y con qué finalidad es esencial para articular cualquier reclamación.

Fuente: El País