La independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, consagrada en el artículo 117 de la Constitución Española y desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre si los tribunales actúan con imparcialidad real es un debate recurrente que tiene consecuencias prácticas directas sobre la confianza en el sistema.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo relevante no es la valoración política que los ciudadanos hagan del Poder Judicial, sino las garantías procesales que el ordenamiento pone a su disposición para asegurar que cualquier procedimiento se resuelva con objetividad. El derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y los mecanismos de recusación regulados en los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial son instrumentos concretos que cualquier justiciable puede activar si considera que su causa no está siendo tratada con la imparcialidad debida.

Para ciudadanos y empresas, esta realidad tiene una consecuencia práctica inmediata: conocer y utilizar correctamente esas herramientas procesales marca la diferencia entre obtener una resolución justa y resignarse a una percepción de indefensión. La recusación, el recurso de apelación, el amparo constitucional o incluso el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vías reales, no teóricas.

Si se encuentra inmerso en un procedimiento judicial y tiene dudas sobre las garantías que le asisten o sobre cómo proteger sus derechos procesales, en Santos & Fortún Abogados estamos a su disposición para asesorarle.

Fuente: El País